doi: 10.62486/latia202322
ORIGINAL
The principle of transparency and Electronic Government in Cuba
El principio de transparencia y el Gobierno Electrónico en Cuba
Osmel Bell Águila1 *
1Facultad de Derecho, Universidad de la Habana. La Habana, Cuba.
Citar como: Bell Águila O. The principle of transparency and Electronic Government in Cuba. LatIA. 2023; 1:22. https://doi.org/10.62486/latia202322
Enviado: 17-04-2023 Revisado: 15-07-2023 Aceptado: 22-10-2023 Publicado: 23-10-2023
Editor: Prof.
Dr. Javier González Argote
The Electronic Government includes better ways of interaction between Government, companies and society through Information Technology and Communications. Access to visible, available and quality public information quickly and expeditiously improves the perception of the functioning of the institutions in pursuit of Cuba’s efforts to advance in the digital transformation. The effectiveness of the principle of transparency from the constitutional mandate obliges the Public Administration to generate updated, reliable and accessible information according to the activity carried out. It is a prerequisite for good administration that involves citizens in decision-making processes as well as balancing their position vis-à-vis the State. It promotes good governance derived from the establishment and management of effective, efficient and accountable institutions.
Keywords: Good Administration; Transparency; Efficiency; Access; Responsibility.
RESUMEN
El Gobierno Electrónico comprende mejores caminos de interacción entre Gobierno, empresas y sociedad a través de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. El acceso a información pública visible, disponible y de calidad de manera rápida y expedita mejora la percepción del funcionamiento de las instituciones en pos de los esfuerzos de Cuba por avanzar en la transformación digital. La efectividad del principio de transparencia desde el mandato constitucional obliga a la Administración Pública a generar información actualizada, confiable y accesible de acuerdo a la actividad realizada. Es premisa para una buena administración que involucre a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones así como balancee su posición frente al Estado. Promueve la buena gobernanza derivada del establecimiento y gestión de instituciones eficaces, eficientes y responsables.
Palabras clave: Buena Administración; Transparencia; Eficiencia; Acceso; Responsabilidad.
INTRODUCCIÓN
El buen desempeño de la Administración Pública debe estar sustentado en el cumplimiento cabal de sus funciones y el apego a su proyección positiva hacia el administrado. Transparentar el hacer diario de las instituciones que conforman la Administración constituye requisito sine qua non en la era de la digitalización, dando lugar a que el avance de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones proporcionan nuevas herramientas que puedan ser aprehendidas y usadas en función de la ciudadanía, Desde este punto de vista habría que reflexionar en torno a la relación jurídica administrativa, así como el principio de transparencia puede mejorar la percepción de funcionamiento. Es meritorio resaltar como los datos se han convertido en un bien intangible de enorme importancia para el Estado como reflejo de las demandas de la población, la satisfacción de necesidades, así como la búsqueda de mejora en la toma de decisiones. Se requiere sensibilizar en torno a la actividad que juega el Gobierno Electrónico en Cuba en una era de transformaciones donde el papel de la ciencia, tecnología e innovación se pone en función del pueblo.
La transformación digital es un término que sucede a la informatización del país en vistas de lograr la articulación de todos los actores involucrados en el mejoramiento de localidad de vida de la población, la gestión del Estado y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Una instrumentación acorde a las exigencias que supone el cambio implica una gestión de gobierno basada en la ciencia e innovación que ponga la mejora de la calidad de la vida como su prioridad número uno. Con la aprobación de la Constitución de 2019 Cuba está abocada a una reforma integral de todo el ordenamiento jurídico y por el cual teniendo avances en la esfera penal, procesal, administrativa y familiar se necesita un acompañamiento desde la academia para evaluar, monitorear, seguir desarrollando y potenciar el estudio del impacto de las Nuevas Tecnologías en el Derecho. El país se inserta en la dinámica de pasar de una sociedad hiperconectada a una digitalizada con todos los beneficios que eso implicaría para la ciudadanía y la gestión del Estado. La digitalización de la administración pública genera mejores servicios a la población ya que busca que sea accesible para todos, menos costosa y proactiva ante los cambios.
Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación jurídica son los siguientes:
Observación científica: Observar con un fin predeterminado, sobre la base de ciertos indicadores relacionados con los objetivos de la investigación. Como método permite captar información acerca del comportamiento y la forma en la que transcurren de terminados procesos y actividades sociales. Es una observación participante desde la condición de estudiante investigador que permitirá reflexionar en torno a la relación entre Derecho y Transformación Digital así como el enriquecimiento de los estudios jurídicos en torno a la temática
Análisis de documentos: Este método consiste en buscar información en los documentos, indagar, obtener de los análisis un resumen esencial de su contenido. Resulta una información imprescindible para la investigación, que nos aporta datos interesantes y nos permite precisar el alcance, sentido y autenticidad del documento en sí, por lo que no lo vemos como método puro, sino relacionado con otros métodos de tipo teórico en su conjunto, en particular con los métodos jurídico-doctrinal e histórico-jurídico. Se analizarán como documentos jurídicos las bases conceptuales de la Transformación Digital en Cuba desde su inclusión en los Lineamientos de Política Económica y Social en 2011.
Investigación-Acción: resulta una información imprescindible para la investigación, que nos aporta datos interesantes y nos permite precisar el alcance, sentido autenticidad del documento en sí, por lo que no lo vemos como método puro, sino relacionado con otros métodos de tipo teórico en su conjunto, en particular con los métodos jurídicodoctrinal e histórico-jurídico.
Teórico‐Jurídico: el investigador toma posición frente a la realidad que analiza y asume una perspectiva teórica, con el objetivo de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema, demarcarlo y conectarlo para que cobre sentido en la producción de nuevas teorías y en la fundamentación de soluciones concretas.
La transformación digital es un término que sucede a la informatización del país en vistas de lograr la articulación de todos los actores involucrados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la gestión del Estado y el fortalecimiento de la seguridad nacional. La dinámica de la sociedad contemporánea está cada vez más integrada al uso de las nuevas tecnologías. El cambio proyectado en esta década no es el iniciado a finales del siglo XX donde a medida que surgían nuevos artefactos e inventos quedaba obsoleto y anacrónico lo analógico. La digitalización social ha de contribuir a fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la productividad, estrechar las disparidades sociales y de género, formar en competencias tecnológicas, y garantizar la sostenibilidad medioambiental.(1) Asumir la nueva realidad desde las Ciencias Jurídicas requiere procesos de capacitación continuos que logren una legislación acorde y protectora de la ciudadanía en entornos virtuales. En la doctrina para MORAKANYANE y O´REILLY la consideran “un proceso evolutivo que aprovecha las capacidades ytecnologías digitales para habilitar modelos de negocio, procesos operacionales y experiencia del cliente con vistas a crear valor.(2) Por su parte BOCKSHECKER y BAUMÖL lo argumentan como “proceso de cambio de una organización o la sociedad habilitado por innovaciones y desarrollos de las tecnologías de información y comunicaciones. Incluye la habilidad de adoptar tecnologías rápidamente e incidir en elementos sociales y técnicos de los modelos de negocio, procesos, productos y estructura organizacional”.(3)
“La Transformación Digital es un proceso con implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas por lo que es necesario reflexionar sobre el Derecho que estos tiempos reclaman”.(4) Una instrumentación acorde a las exigencias que supone el cambio implica una gestión de gobierno basada en la ciencia e innovación que ponga la mejora de la calidad de la vida como su prioridad número uno. Es importante ratificar la posición asumida por AMOROSO y GUERRERO que plantea que “el Derecho al ocuparse de la Transformación Digital tiene que aceptar modificar su dinámica de dar respuesta jurídica a la realidad que se impone fruto de las tecnologías emergentes y la convergencia tecnológica, además tiene que aportar elementos para la concreción del Gobierno de la Información”;(5) una necesidad imperiosa que dio sus primeros pasos con la implementación del Gobierno Electrónico y por el cual la digitalización de la administración pública supone mejoras, optimización y eficiencia de estos paradigmas.
ISMAIL desde una posición más enfocada al mercado lo destaca como “el proceso a través del cual las compañías hacen converger múltiples nuevas tecnologías, mejoradas con conectividad ubicua, con la intención de alcanzar desempeños superiores y una ventaja competitiva sostenida, mediante la transformación de múltiples dimensiones del negocio, incluyendo el modelo de negocio, la experiencia del cliente (con énfasis en los productos y servicios habilitados digitalmente) y las operaciones (procesos y toma de decisión), y simultáneamente impactando en las personas (incluyendo habilidades, talento y cultura) y en las redes (cadena completa de valor)”.(6) Postura que fundamenta el sentido mercantilista de la digitalización en sectores como la industria, la economía o la producción de bienes y servicios.
Partiendo de los elementos brindados por los autores la generalidad la considera como proceso evolutivo que mejora con el paso del tiempo y coloca al ser humano en el centro de toda invención asociada. Implica tecnologías que forman parte del día a día del ciudadano como el Big Data, la Inteligencia Artificial, el uso extensivo de la nube, la realidad virtual o aumentada, la economía colaborativa e incluso la ciberseguridad.
Descansa en un ecosistema interconectado que permita el fomento de Ciudades Inteligentes que logren la mejora de los procesos productivos y disminuyan la incidencia de la burocracia en la administración pública. El potencial humano es imprescindible por la necesidad de contar con ciudadanos dispuestos y seguros del impacto positivo en sus vidas en un futuro junto a la tecnología. POWERDATA lo define como “la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. También supone un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen constantemente el status quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso”;(7) elemento que considera la poca uniformidad de la transformación ya que se necesita con la infraestructura requerida, el capital humano capacitado y los recursos disponibles para acometerse a lo largo y ancho de la Isla.
El imparable avance de la ciencia y tecnología ha alcanzado al sistema jurídico hasta afectar a la misma esencia del sistema. En este contexto, la irrupción de los algoritmos, la inteligencia artificial y los sistemas computacionales plantean a la Ciencia Jurídica interrogantes que han de ser resueltos desde normas sustantivas partiendo de la interpretación sistemática que se le da a la Carta Magna como Ley suprema. El Derecho como aspiración positiva de la sociedad genera reglas para la convivencia pacífica de los hombres. Es el resultado de las condiciones históricas, políticas, ideológicas, religiosas, culturales y axiológicas que se plasman en normas y deben ser acatadas por la ciudadanía. Las Revoluciones Burguesas en Europa y Norteamérica nos legaron la Constitución que en su momento fungió como contrato social entre los intereses de la decadente monarquía y la clase burguesa, pero con el paso del tiempo se van introduciendo derechos, deberes, garantías, valores jurídico-políticos, principios instrumentadores, así como el papel del Estado en la sociedad y la inclusión de normas supranacionales. La llamada Ley de Leyes verticaliza todo el ordenamiento jurídico al cual ninguna norma inferior debe contradecir ni concebir principios contrarios a su espíritu. El impacto de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones ha generado nuevos espacios de concertación de relaciones jurídicas. La problemática jurídica que representa la informatización de la sociedad se vincula con figuras previstas tanto en el Derecho Público como el Derecho Privado; según un estudio de Lemontech, una consultoría jurídica radicada en Santiago de Chile “existen 5 tendencias tecnológicas que están transformando la abogacía: cloud computing, robotic process automation, la inteligencia artificial, el bigdata y el blockchain”.(8)
Hoy en día la tecnología se ha convertido en la herramienta indispensable para la realización de cualquier acción, el Internet ofrece grandes oportunidades y logros que deben ser aunados bajo estos derechos. Estar digitalmente excluido implica una nueva brecha de discriminación social que debe ser corregida cuanto antes. Estos derechos desarrollados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI protegen el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías. El ciberespacio cada vez más omnipresente repercute en la regularización de la libre expresión en las redes, el derecho a la libre distribución de la información, el derecho a la autodeterminación informativa, el habeas data así como la seguridad digital. Para PAULO BONAVIDES:
“estos derechos constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar fundamental. Defienden y apoyan que las opiniones de todos merecen una oportunidad igual para expresarse, considerarse y compartirse con otros según la voluntad del emisor directa o indirectamente. Se sustentan en cinco principios básicos: libertad de expresión, protección de la privacidad, inclusión, diversidad y la participación.”
El año 2011 fue el año de la transformación de la economía cubana con el objetivo de actualizarse e insertarse en las dinámicas globales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y disponer de más y mejores recursos con un capital humano altamente preparado por la política trazada por la Revolución comenzada con la Campaña de Alfabetización y en estos tiempos con un sistema educativo de alta calidad, accesible a todos y a cargo del presupuesto del Estado. Las experiencias de modelos socialistas con sus características como lo son Vietnam y la República Popular China modernizaron sus relaciones económicas para su posterior y reconocido modelo económico. Bajo la égida de Raúl Castro, el entonces presidente del Consejo de Estado y de Ministros durante el VI Congreso del Partido Comunista de PCC se presenta el Proyecto de los Lineamientos de la Política Económica y Social; los cuales luego de ser sometidos discutidos por la población y presentado ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular se aprueba el nuevo sentido del Estado cubano de hacer un país próspero y sostenible.
El apartado V constituye la génesis de acercarnos a un modelo social que a pesar de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero, combata la obsolescencia tecnológica que impedía el pleno desarrollo del país. En un entorno mundial donde el Internet ya se volvía cotidiano, Cuba en aquel entonces no tenía la suficiente infraestructura para explotar sus potencialidades, por lo cual los lineamientos 129, 131 y 132 plantean como prioridades ejecutar la informatización de la sociedad. Con la apertura de las 118 salas de navegación pública en junio de 2013 y la de las primeras zonas WIFI al año siguiente empezaron a darse pasos en pos de tener una sociedad más informada, culta y participativa con las bondades que trae el Internet. Del objetivo inicial de comunicar con familiares y amigos, los cubanos conectados empezaron a demandar servicios más especializados y cercanos a su realidad, en la cual el Gobierno ha jugado un papel fundamental como creador de contenidos y prestador de servicios de gran utilidad. Resultado del análisis del VII Congreso del PCC, en la Conceptualización del Modelo Económico centra como eje estratégico del PNDES2030 el avance sostenido del
Gobierno Electrónico, el que a decir del Viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández “está asociado a la capacidad que tiene la tecnología para cambiar los procesos a través de los que se gestiona la administración pública, mejorándose y haciéndolos más eficientes y expeditos”. La aprobación del Decreto-Ley 370 en 2018 encarga al Ministerio de Comunicaciones la redacción, guía e instrumentación de las políticas que debe llevar a cabo la nación. Por lo tanto, se define las TIC y las relaciones jurídicas que se derivan de ella, las competencias de los Organismos de la Administración Central del Estado, el BCC así como los órganos del poder popular, así como el papel de las FAR y el MININT para el aseguramiento del proceso. El MINCOM está encargado de la estandarización, legalización y organización de la actividad informática; la integración de redes institucionales y el público; el diseño e implementación del sistema de gestión integrada del capital humano del sector de las TICs así como la promoción del desarrollo de servicios en línea que beneficien la ciudadanía. La aprobación de la Constitución en 2019 sentó base para una serie de principios que serían pauta de interpretación para los operadores jurídico. La Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 traza las direcciones principales de trabajo para el próximo quinquenio, contribuye a encauzar las prioridades de la economía y la trasformación del Modelo. Uno de los aspectos relevantes es que prioriza el desarrollo y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las esferas de la sociedad, en particular en las actividades productivas. Pretende, busca, ratifica la implementación llevada a cabo a través del Comercio electrónico y servicios en línea, el Desarrollo de la Industria del Software, el
Sistema de ciberseguridad para la defensa nacional, la Creación de Observatorios, la Industria 4.0, así como Mecanismos de Memoria Histórica para la interoperabilidad, entre otros.
Cuba cuenta con personal calificado para incorporar los beneficios de las TICs en su vida cotidiana. El alto grado de alfabetización y el acceso a la educación superior permite un grado de especialización relevante para potenciar la industria del software en años venideros. La creación de la UCI a comienzos del siglo XXI por el líder histórico de la Revolución y la presencia de especialidades vinculadas al sector permite que se articule desde todas las instituciones de educación superior una enseñanza con impacto social y para el desarrollo local. Aprovechar el tejido de TCP, MIPYMES y CNA e integrarlos a la transformación digital es imprescindible si se quiere lograr un verdadero cambio. La identificación de oportunidades logra que el paso a la digitalización del país sea en menos tiempo y con menos recursos. La región latinoamericana ya trabaja desde hace un tiempo en este sentido, siendo los más relevantes Argentina, Chile y México. A su vez, España como miembro de la Unión Europea provee de una agenda que ha dado buenos resultados y su asesoramiento puede ser importante con las buenas relaciones económicas que se tienen. Con la aprobación de la Constitución de 2019 Cuba está abocada a una reforma integral de todo el ordenamiento jurídico y por el cual ya teniendo avances en la esfera penal, procesal, administrativa y familiar se necesita un acompañamiento desde la academia para evaluar, monitorear, seguir desarrollando y potenciar el estudio del impacto de las Nuevas Tecnologías en el Derecho. De esta manera se puede reducir las brechas que van existiendo en el país asociada a la baja capacitación de los juristas y la población. La desigualdad también debe ser analizada en el campo y las ciudades ya que la infraestructura no es la misma creando diferencias hasta abismales por la mala gestión.
La administración pública como eje de la transformación
La estrategia de desarrollo del país debe incorporar el cumplimiento de los objetivos de la trasformación digital para lograr una articulación de los actores económicos involucrados, el papel de los OACE así como la involucración de la ciudadanía en todos los procesos como centro de todo proceso de cambio. Además, es necesario identificar las potencialidades para su efectiva gestión, así como la reducción de las amenazas que vienen asociadas. Sin embargo, no podemos dejar de promover el acceso a todos a las TICs así como la debida capacitación para su uso.
Al margen de los avances que se han alcanzado en materia de nuevas tecnologías, Cuba se inserta en la dinámica de pasar de una sociedad hiperconectada para pasar a una digitalizada con todos los beneficios que eso implicaría para la ciudadanía y la gestión del Estado. La globalización tiene peculiaridades en las que la tecnología se renueva de forma extraordinaria, y con ello una gran cantidad de datos son proporcionados por los usuarios que pueden ser aprovechados por la administración pública para su mejor desempeño y optimización de procesos productivos. Empresas tecnológicas de renombre mundial como Meta o Alphabet lo hacen para aumentar beneficios cada año y seguir siendo las mejor valoradas actualmente. El algoritmo que utilizan, por un lado, genera a los usuarios una constante expectación por consumir contenido relevante pero por el otro lado, la información personal que se brinda gratuitamente son aprovechadas por cadenas de publicidad y llevada a casos más extremos como el escándalo de Cambridge Analytica para influir en las elecciones presidenciales. Sin embargo, ¿está el Estado preparado para llevar a cabo la transformación digital en los organismos e instancias que lo hacen funcionar de forma orgánica y dinámica? Constituye todo un desafío acometer tal proeza teniendo en cuenta la obsolescencia tecnológica que se lastra, el impacto del bloqueo económico, la falta de financiamiento, el bajo índice de alfabetización digital por la entrada tardía en las TICs , la baja capacitación del personal, la insuficiente infraestructura, los precios aún elevados de los equipos que necesita la población, el envejecimiento poblacional, la falta de articulación entre los actores económicos, la integración baja de la Academia con las empresas así como factores de índole cultural que requieren tiempo por el impacto que generan.
Debemos partir de la idea de que la transformación digital no es contar con móviles inteligentes donde se puede acceder a Internet y con ello estar comunicado con otras personas. No significa la creación y alojamiento de páginas web en las que de forma simbólica todos los organismos están presentes ante el pueblo, va más de ello. Ni siquiera las aplicaciones que tanto facilitan la vida de las personas por su accesibilidad y mejor facilidad de trabajo. Tampoco se pensaría que con los beneficios del almacenamiento de grandes volúmenes de información se pueda dar un enfoque integral al fenómeno. Hablamos de la interpretación de la realidad mezclada con los beneficios que aporta la tecnología. La fusión de la economía tradicional con la digital genera mayor circulación de activos sin necesidad de imprimir más billetes, además de la descongestión de los bancos ante operaciones con altos volúmenes de dinero. Se necesita seguir estudiando el fenómeno desde todas las disciplinas ante la irrupción de la IA, el Internet de las Cosas o los criptoactivos.
La digitalización de la administración pública genera mejores servicios a la población ya que se busca que sea accesible para todos, menos costoso y proactivo ante los cambios. Es evidente como se hace palpable los cambios derivados de la digitalización. Por poner un ejemplo cada vez la educación está más vinculada a la tecnología, un hecho que para China supuso un plus para su despegue económico, pero también en nuestro país no impidió que el sistema educativo se paralizara totalmente gracias a tecnologías moodle que alojan paquetes educativos a su vez que gestionan, evalúan y optimizan las clases virtuales. Pero a su vez estamos ante una profesionalización de la administración pública donde distintos sectores de la economía aprovechan el espacio para ofrecer sus productos y servicios con un ahorro de personal y mejor gestión.
La estructura por las que el Estado brinda los servicios públicos que procuran la satisfacción del ciudadano requiere de constante innovación y actualización para brindar un servicio de mejor calidad disminuyendo el papel negativo de la burocracia y la falta de comunicación entre las instancias con la población. Las nuevas tecnologías proveen de herramientas que facilitan gran parte del deber de la Administración, sin embargo, necesita entrelazarse la capacitación, la creatividad así como el papel activo de la ciudadanía en todos los procesos. La Constitución cubana de 2019 abrió un amplio abanico de oportunidades con vistas a eliminar las trabas que lastran el necesario desarrollo próspero y sostenible. Retomando el enfoque de la Carta Magna de 1940 el municipio cubano se convierte en el centro de la economía, el eje transformador del país y desde el cual deben nacer todas las ideas que proporcionen progreso y bienestar.
La eficiencia en la Administración pública se auxilia de la transformación digital de cara a dar un mejor servicio con la aprobación de disposiciones normativas relacionadas con la Política emprendida por la dirección del país. La Ley 139 de 2020 sobre la estructura y funcionamiento del CAM necesita una reflexión acerca de las potencialidades que se pueden aprovechar en los territorios. La fase de presencia de las instancias en las plataformas, así como los Portales del Ciudadano son atribuciones del CAM en la que se aprovechan las TIC para ejecutar trámites y reducir el margen de tiempo. A su vez genera información relevante para la comunidad que ya apegada a las redes sociales puede saber de eventos, así como genera espacios donde se abordarían problemáticas. El ejercicio del derecho a queja está recogido en la Constitución de la República donde la diferencia en el deber de la autoridad de ejecutar la debida respuesta que ha dado, así como el control que se puede ejercer luego de esto. Relacionado con ello mecanismos de participación popular pueden ser usados para promover la participación ciudadana y asi hacer avanzar el engranaje de la administración de conjunto con la asamblea municipal. La revocación es una de las instituciones que puede ser usado como mecanismo de control, y donde las TIC pueden tener un papel activo pues es de conocimiento público y en tiempo real los votos.
Es positivo como los CAM tienen la posibilidad de promover el avance de la ciencia tecnología, una oportunidad para crear alianzas con los nuevos actores económicos como MIPYMES o CNA. Se pueden promover espacios en los que se den cursos de capacitación digital al pueblo a través de talleres y aprovechando los locales de la casa de cultura, pero también generar concursos en los que se aumente el conocimiento cultural sobre la localidad y con ello un mayor sentido de pertenencia a quienes lo representan. A su vez es posible tener un espacio para ferias tecnológicas en las que participen y muestren los avances.
1. FUNDACIÓN CAROLINA y TELEFÓNICA; La transición digital: retos y oportunidades para Iberoamérica, Madrid. (2021)
2. Morakanyane, R., Grace, A., & O´Reilly, P. (2017). Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature. 30TH BLED ECONFERENCE: DIGITAL TRANSFORMATION– FROM CONNECTING THINGS TO TRANSFORMING OUR LIVES (págs. 427-443). Bled, Eslovenia: University of Maribur
3. Bockshecker, A., Hackstein, S., & and Baumöl, U. (2018). Systematization of the term digital transformation and its phenomena from a socio-technical perspective – A literature review. Research Papers. 43.
4. Amoroso-Fernández, Y., Reyes Olmedo, P., Saarenpää, A. La transformación digital es analógica porque está conducida por personas. Revista Cubana de Transformación Digital, Vol. 1, nro. 2, julio-septiembre2020, págs. 127-150
5. Amoroso, Y., Chacón, N., García., Guerrero, J., Reyes, P. (2019) Gobierno de la información. Realidades contemporáneas. Editorial Universidad de las Américas, Quito, Ecuador.
6. Ismail, M. H. (11 de 2017). Digital business transformation and strategy: What do we know so far? Recuperado el 26 de 12 de 2019
7. POWERDATA (2022). Transformación digital. Qué es y su importancia y relación con los datos. Recuperado de https://www.powerdata.es/transformacion-digital.
8. Revista Legaltech ¿Cómo será la industria legal del futuro?
FINANCIACIÓN
Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Osmel Bell Águila.
Análisis formal: Osmel Bell Águila.
Investigación: Osmel Bell Águila.
Metodología: Osmel Bell Águila.
Redacción – borrador original: Osmel Bell Águila.
Redacción – revisión y edición: Osmel Bell Águila.